Acelerar la digitalización, la principal respuesta de las pymes españolas ante la pandemia, según Intrum

La crisis sanitaria ha tenido un fuerte impacto en las pymes españolas, obligándolas a buscar nuevas oportunidades para crecer, mantener sus cifras de negocio o, en muchos casos, sobrevivir. La transformación digital ha sido, en este sentido, la respuesta más común a la hora de enfrentar las consecuencias de la pandemia. Según la nueva edición del Informe Europeo de Pagos de Intrum, la principal maniobra emprendida por las pequeñas y medianas empresas de nuestro país ha sido acelerar la digitalización del negocio, con un 34%. Muy por encima del 22% de las grandes empresas que han indicado haber reforzado este aspecto.

Sin embargo, aunque esta iniciativa encabeza el ranking de medidas llevadas a cabo por las pymes españolas para combatir la crisis, España permanece a la cola de Europa en este sentido. Y es que, el estudio europeo realizado por la compañía de servicios de gestión de crédito y activos muestra que, a la hora de analizar por país el porcentaje de pequeñas y medianas empresas que han optado por dar un impulso a su presencia digital, nuestro país ocupa el antepenúltimo puesto, solo por encima de Dinamarca y Letonia (ambas con un 33%), y muy por debajo de grandes potencias como Alemania (42%), Francia (38%) o Reino Unido (37%).

Tal y como reflejan los datos extraídos por Intrum, para afrontar con resiliencia la COVID-19, las pymes españolas también afirman haber tenido que recurrir a otras medidas de carácter más preventivo enfocadas a evitar grandes variaciones en su liquidez, como solicitar ampliaciones de sus préstamos (27%), pedir a sus proveedores un incremento en los plazos de pago (27%), cancelar o posponer inversiones estratégicas (16%) o realizar despidos (15%).

¿Qué medidas tienen previsto emprender las pymes de cara a los próximos meses? Según la última ‘Encuesta a las Empresas Españolas sobre la Evolución de su Actividad’ del Banco de España, la actividad y el empleo del sector empresarial se van recuperando simultáneamente y, poco a poco, la facturación va mejorando. Sin embargo, aunque la situación general es algo más positiva que en meses precedentes, el tamaño de la empresa sigue siendo un factor clave, ya que las entidades de menor dimensión son las que declaran en mayor medida una evolución comparativamente menos favorable de su facturación y del empleo.

Esta podría ser la razón de que las pequeñas organizaciones continúen en alerta y establezcan como medidas preventivas principales ante una posible recesión económica la reducción de costes (27%), la cautela a la hora de asumir deudas (21%) o, lo más importante, la prevención ante los impagos (21%).

Las consecuencias de este último aspecto han sido, precisamente, uno de los grandes descubrimientos a raíz de la pandemia. De hecho, 6 de cada 10 compañías encuestadas, tanto grandes como pequeñas, reconocen que la crisis le ayudó a tomar conciencia del impacto que los pagos atrasados tienen en las pequeñas empresas. Y no es para menos, tal y como afirman las pymes consultadas, los impagos de sus clientes afectan a la empresa a todos los niveles. Sobre todo, en lo que respecta a la posibilidad de contratar nuevos empleados (42%), cumplir con ciertos intereses y objetivos de negocio claves para la entidad (40%) o, simplemente, crecer como compañía (35%).

A este posible aumento de los impagos, provocado por el fin de las moratorias o de las ayudas estatales a muchas pymes españolas, se une, tal y como indica el Banco de España, el repunte de precios. Es más, según el análisis realizado por esta entidad de referencia en mayo de 2021, el sector empresarial percibe un progresivo encarecimiento de los precios pagados a proveedores, que se intensifica en cada trimestre en una magnitud algo superior a lo anticipado tres meses antes.

Esto subraya la necesidad de que tanto pequeñas como grandes corporaciones tomen precauciones para protegerse contra los impagos, poniendo en marcha prácticas preventivas como la petición de los pagos por adelantado, las verificaciones de crédito, el seguro crediticio o la solicitud de una garantía bancaria.

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